LLAMARADAS
Los
incendios forestales en nuestro país son una lacra de la que difícilmente nos
libraremos si seguimos en esta dinámica de olas de calor, altas temperaturas,
deforestación y pírricas inversiones en prevención. Eso sin contar con la
intencionalidad de quien pretende hacer negocio con lo quemado.
Decía Cristina Narbona en un artículo reciente que los incendios son un “drama evitable”. Ella sabe bien de lo
que es capaz un fuego devastador, porque tuvo que hacer frente, como Ministra
de Medio Ambiente, al terrible incendio del 2005 en Guadalajara que se cobró la
vida de 11 brigadistas. Se necesita inversión para proteger nuestros montes
todo el año, para preparar a nuestros bomberos todo el año, para dotar de
materiales y hombres a las dotaciones durante todo el año y para preparar más y
mejor a brigadistas ocasionales durante todo el año. Y sobre todo, es necesario emplear todos los
medios económicos posibles para que no se produzcan víctimas en las labores de
extinción.
Para
todo ello no solo hace falta dinero (el PSOE afirma que se ha reducido en un 20% y el Ministro Arias Cañete, al que los incendios le pillaron en los toros, responde que no se redujo el gasto de la lucha contra incendios), se necesita primero un auténtico
compromiso político por la prevención de incendios y la protección
medioambiental, algo por lo que Europa está apostando firmemente en la
elaboración de la
Estrategia 2020, la que regirá la política Europea desde
el 2014 al 2020. Tanto es así que la palabra “Medioambiental” es más utilizada
que, por ejemplo, Desarrollo Rural. En España esta perspectiva se
ha considerado en otros términos y por ejemplo en la Junta de Castilla y León la Consejería de Medio
Ambiente desapareció, para convertirse en una Dirección General dentro de la Conserjería de Fomento
(la que construye carreteras), y el Ministerio de Medio Ambiente se integra con
Agricultura y Alimentación (el que deforesta). En España se despiden a Técnicos contra incendios y se proclaman más castigos para los pirómanos, como en el caso del incendio de la Gomera que dicen que tiene nombre y apellidos.
Pero
bastaría con que el compromiso político garantizase que nadie se aproveche de
las zonas quemadas, ni para inmobiliarias (¿no es extraño que la Comunidad Valenciana
aprobase una ley por la que se exime del cumplimiento de la prohibición de
recalificar los suelos incendiados, establecida en la Ley estatal de Montes, sin que
el Ministro Cañete se preocupe de ello?) ni para infraestructuras (¿no es
extraño que se hayan producido incendios a lo largo del planeado trazado del
corredor mediterráneo desde Francia?), ni por ningún otro tipo de negocio, ni
razón de otra índole (¿no es extraño que se hayan producido incendios en Parques Nacionales y Naturales de España, Garajonay,
Cabañeros, del Alto Tajo en Guadalajara o Fragas de Eume, en La Coruña ?).
Evitar los
descuidos y malas prácticas en el monte es cosa de todos (habría que reinventar
aquel “todos contra el fuego” de hace
años), la intencionalidad es punible y en España este delito se sanciona (de
enero a julio ha habido tantos imputados y detenidos por incendios forestales
en España como en todo el año pasado: 298 en seis meses de 2012 por 304 en
todo el año pasado). Pero tal y como se desarrollan las cosas, por ejemplo en Madrid con el penoso espectáculo de la Alcaldesa criticando al cuerpo de bomberos (que si ganan mucho, que si sus condiciones laborales ya las quisieran otros, que si viven fuera de Madrid, bueno, esto lo dijo el director de la Razón en la Sexta, para defender la "contranoticia" de Intereconomía) tras su manifestación y abucheos en la Verbena de la Paloma... es posible que pronto los únicos "imputados" en algo sean los propios bomberos.
A estas horas, afortunadamente, se ha estabilizado el incendio que ha arrasado 10.000 hectáreas en León. Pero cada vez que salgo a la carretera me pregunto si de
verdad, en pleno siglo XXI no hay otra forma de eliminar rastrojos de los
campos que prendiendo un fuego un día ventoso de verano… Y aún no ha acabado agosto.
A.L.López
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